Actualmente,
el sistema escolar chileno funciona en base a un sistema de financiamiento tripartito,
conformado por escuelas administradas por municipalidades, otras privadas que
son subvencionadas por el estado; y por último, escuelas privadas tanto en su
propiedad como en su financiamiento. De las anteriores, aquellas que dependen
de la gestión municipal son las que presentan mayor cantidad de problemas a
nivel organizacional, debido a que los municipios deben gestionar una serie de otras
áreas de servicio a la comunidad. Este proceso mal articulado de gestión deriva
en bajos niveles de aprendizajes, lo que ha permitido la desvalorización de la
educación pública. Ante este escenario, es posible afirmar que la educación municipal
es un modelo que debe ser erradicado del sistema escolar chileno.
En
primer lugar, lo anterior se sustenta en la baja sustancial que ha
experimentado la matrícula en escuelas administradas por municipios. En el año
1990 –a una década de la municipalización de las escuelas estatales por parte
del régimen militar- estas concentraban el 57% de la matrícula total a nivel
nacional, mientras que en el año 2011 bajó a un 39%. El fenómeno anterior se
explica, principalmente, debido a que los padres asocian el pago de mensualidad
con calidad de educación, lo que implica la migración de estudiantes desde
escuelas municipales a particulares subvencionadas. Como consecuencia, y debido
a que estas instituciones reciben dinero por alumno inscrito, un gran número de
escuelas públicas han debido cerrar sus puertas.
En
segundo lugar, la calidad de la educación se mide –en Chile- en base a los
resultados arrojados por la prueba estandarizada SIMCE, los cuales han
demostrado que las escuelas de puntajes más bajos en todas las asignaturas
evaluadas por esta instancia, son de dependencia municipal. Al considerar que
este sistema de medición apunta a determinar los niveles de logro de las
competencias mínimas que debe desarrollar un estudiante a lo largo de su
trayectoria escolar, es posible afirmar que en las escuelas municipales, los
estudiantes desarrollan menos habilidades que aquellos de colegios particulares
pagados o subvencionados, que logran mayores puntajes en los rankings que se
construyen en base a estos resultados. Por ejemplo, un diario nacional publicó –en
relación a la recientemente inaugurada prueba SIMCE de Inglés- que de los cien
colegios con mejor puntaje, 99 eran privados y 1 era particular subvencionado. Las
escuelas municipales arrojaron niveles considerablemente menores.
Contrario
a estos argumentos, existen sectores políticos de la sociedad que defienden la
educación municipal, afirmando que es la única manera de permitir que órganos
dependientes del Estado con real conocimiento del contexto local puedan administrar
de forma eficiente los recursos de las escuelas del sector. Argumentan que no
es posible que una entidad estatal determine –desde Santiago- qué medidas son
necesarias en Cucao, Chiloé. No obstante, estos no toman en consideración que
los procesos de gestión que lleva a cabo una municipalidad poseen una
naturaleza burocrática que impide la agilización de las acciones que este órgano
debe llevar a cabo. Además, el gasto por alumno varía dependiendo de la
municipalidad en base a los ingresos de la misma; y del estrato socioeconómico
de la población que la habita. Así, las distintas municipalidades del país
poseen más o menos recursos que deben destinar a sus estudiantes, lo que
profundiza aún más las brechas de aprendizaje y la desigualdad; a la vez que imposibilita a los municipios a responder de forma efectiva a la necesidad de recursos.
A la luz de lo anterior, es posible afirmar
que el modelo de financiamiento escolar actual es deficiente, por cuanto la
población está desestimando la capacidad de funcionamiento de las mismas al
preferir otras modalidades de financiamiento. A su vez, este no está alcanzando
su objetivo de entidad formadora, puesto que se evidencia que las y los niños
que asisten a estas escuelas no están desarrollando las habilidades ni
conocimientos básicos que les permitirán proseguir con sus estudios en niveles
superiores de educación. Finalmente, el sistema de educación municipal profundiza las inequidades existentes en el sistema, al ofrecer oportunidades educativas diferentes a niñas y niños de distintas comunas. La respuesta a este fenómeno es –según lo manifestado
por sectores de izquierda de la sociedad- la desmunicipalización de las escuelas, las
cuales serían administradas por un Servicio Nacional de Educación con
dedicación especial hacia estas escuelas. Es de esperar que, como resultado del
debate que llevarán a cabo los distintos sectores políticos, se construya una
alternativa de financiamiento que devuelva el prestigio y la capacidad
educadora a las instituciones educativas públicas, mejorando las posibilidades de aprendizaje y superación de las niñas y niños del país.